¿Es la corrupción —o la falta de integridad pública— el principal problema de la sociedad española? Si atendemos a lo que dicen las encuestas, la corrupción ocupa ahora un muy destacado segundo lugar entre las preocupaciones de los españoles. ¿Nace de un sincero malestar ético? ¿Es una reacción tardía ante un hecho antes tolerado? ¿Expresa una envidia elogiable respecto de países libres de esta lacra? ¿Es un reflejo de la reiterada difusión que los medios de comunicación hacen de los episodios de corrupción y de sus protagonistas?
En todo caso, contrasta esta preocupación generalizada por la corrupción con el hecho de que —también según las encuestas— un número muy bajo de ciudadanos declara haber sido víctima de peticiones de soborno o “mordida” por parte de políticos o funcionarios. Ello ha llevado a los estudiosos del asunto a manifestar que no existe en España la “corrupción sistémica” propia de la cultura política y administrativa de otros países. En el caso español, por tanto, llama la atención esta contradicción: la corrupción es percibida como un gran problema, pero son relativamente muy pocos quienes afirman haber sido directamente perjudicados por ella. Lo habitual en otros países es una clara correlación entre la percepción sobre la extensión de las prácticas corruptas y el número de ciudadanos que admiten haber sido víctimas de ellas.
¿Qué factores generan esta disonancia? Los expertos intentan identificarlos. No parece resultar de un aumento repentino de las conductas corruptas. En todo caso, la reacción negativa provendría de una menor tolerancia social y de una creciente capacidad de las autoridades para detectarlas y castigarlas. ¿Respondería esta mayor intransigencia a un súbito reforzamiento de la moral pública que rechaza ahora lo que antes contemplaba indulgentemente? Tal vez.
En España, la corrupción es percibida como un gran problema, pero son relativamente muy pocos quienes afirman haber sido directamente perjudicados por ella
Otros observadores ponen de relieve el impacto directo de la crisis económica: una restricción inesperada y aguda de los recursos disponibles haría intolerable ahora una distribución arbitraria y fraudulenta de dichos recursos que era consentida con menos escrúpulos morales en tiempos de abundancia. No hay que olvidar tampoco el impacto multiplicador del tratamiento mediático de la corrupción. Junto a su sano efecto de denuncia pública, la repercusión mediática puede producir también un efecto deformador. Actuaría como “cámara de resonancia” que genera un eco incesante y repetitivo sobre los mismos hechos y magnifica su extensión. Parecen denotarlo algunos estudios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario