Cuando en noviembre de 2008 Lisa Parr empezó a padecer migrañas y vómitos no se imaginaba que la veintena de pozos para la extracción de gas que rodean su casa, en Decatur, Texas (EE UU), podían tener algo que ver con sus problemas de salud. Sarpullidos, hemorragias y fiebres se sumaron a la larga lista de síntomas que durante los siguientes dos años la forzaron a ingresar varias veces en el hospital. Su marido, Robert, y su hija, Emma, también enfermaron. En 2011 la familia Parr demandó a la petrolera Aruba Petroleum. El pasado 22 de abril, casualmente el Día de la Tierra, un tribunal condenó a la empresa a indemnizar con 2,9 millones de dólares (2,1 millones de euros) a la familia porque considera que sus dolencias están relacionadas con las operaciones de fracking de los pozos de Aruba.
Si los Parr llegarán a cobrar esa cantidad —el fallo puede recurrirse— o si la sentencia puede considerarse un precedente, aún está por ver. Lo que sí es cierto, y así lo han destacado los medios estadounidenses durante estos días, es que se trata de la primera indemnización millonaria por un caso de afectación a la salud relacionado con elfracking, la controvertida técnica de extracción de gas natural que genera innumerables dudas medioambientales. El fracking, o fracturación hidráulica, consiste en inyectar en el subsuelo agua a presión mezclada con arena y sustancias químicas para liberar el gas que se encuentra atrapado en la roca.
El examen de toxicología al que se sometió la familia Parr encontró más de una veintena de químicos en su sangre, según los abogados de la familia. En el caso de sus vecinos, un especialista en contaminación ambiental detectó presencia de hidrocarburos como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.
Hasta ahora, la mayoría de las demandas se ha centrado en los daños materiales por deterioro del entorno, y no en los perjuicios a la salud. La empresa Aruba Petroleum mantuvo durante el juicio que sus operaciones cumplen con la regulación vigente y que no se le puede relacionar directamente con los síntomas padecidos por esta familia. “Esto indica que sigue siendo una corporación que no quiere asumir la responsabilidad de los daños causados”, asegura el abogado de los Parr. Según datos citados por The Wall Street Journal, más de 15 millones de estadounidenses viven a una distancia inferior a un kilómetro y medio de un pozo de extracción. La resolución de la demanda de los Parr puede abrir paso a nuevas reclamaciones similares y convertirse además en un argumento a favor de los que rechazan esta práctica. Sin embargo, fuentes jurídicas citadas por la cadena CNNafirman que es poco probable que un fallo así vuelva a repetirse, e incluso que la familia podría perder la apelación.
Varias autoridades han solicitado a la Administración Obama que elabore nuevas regulaciones que ajusten las actividades de estas empresas a estándares de calidad que tengan en cuenta los efectos detectados hasta ahora. El presidente del Fondo para la Defensa Medioambiental, Fred Krupp, planteaba el pasado fin de semana en la revista Foreign Affairs la creación de un marco legal que reduzca los riesgos mientras protege los beneficios económicos de esta industria.
La asociación que representa a las empresas del fracking en España, Shale Gas España, recuerda que la legislación medioambiental en Europa es mucho más estricta que en Estados Unidos y que garantiza la protección del medio ambiente y el control de los posibles tóxicos. En EE UU, el fracking se ha beneficiado de varias lagunas en las leyes, como explica Scott A. Elias, profesor de Ciencia Cuaternaria de la University of London en la revista Earth and Environmental Science. El fracking es la excepción en dos importantes leyes federales (la de agua potable y la de agua limpia) al permitir la inyección de productos químicos tóxicos en los pozos y la falta de tratamiento del agua sobrante que se almacena. Además, las empresas, según recuerda Elias, no están obligadas a revelar el cóctel de sustancias que usan, por considerarse secreto industrial.
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