“La donación de médula ósea es un proceso tan sencillo como necesario”

         

Sadhuram Roura es un joven estudiante de biotecnología nacido en Nepal, pero que desde los cuatro años vive con su familia adoptiva en la localidad costera de Sant Pol de Mar (Maresme). En junio de 2012 le diagnosticaron una aplasia medular grave, una enfermedad que afecta a dos personas de cada millón y que provoca que la médula ósea no genere células sanguíneas. En abril, los médicos de la Vall d’Hebron le aconsejaron un trasplante de médula de un donante, a poder ser de origen asiático, por razones de compatibilidad genética. “Es necesario informar a la población que existe la donación de médula, y que es un procedimiento que no comporta ningún riesgo. Hay muchas personas que lo necesitan”, asegura Sadhuram. Su nombre lleva tres meses en el registro mundial para detectar el donante compatible. Sadhuram no solo pide ayuda para él, sino que reclama más sensibilización para multiplicar el número de donantes.

Todo empezó hace un año cuando una analítica le alertó que sus células sanguíneas estaban muy por debajo de los niveles normales. Hasta el momento, él solo había notado algunos signos de fatiga, que atribuía a la actividad propia de un universitario de 20 años. Tres meses más tarde, los síntomas propios de la enfermedad –cansancio, bajadas de tensión o palidez– aumentaron hasta que, en octubre, lo ingresaron durante 21 días para realizarle un tratamiento inmunosupresor. “Estuve aislado con un régimen de visitas y dietas muy estricto. Me bajaron tanto las defensas que cualquier agente externo podía causarme infecciones”, explica Sadhuram.

Interior ofrece imágenes y audios que no aclaran las 15 muertes de Ceuta

            La expectación era enorme. Por primera vez un responsable de Interior, el número dos, Francisco Martínez, acudía al Congreso con vídeos y audios de las conversaciones entre los guardias para explicar la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta el pasado día 6. Un ejercicio de transparencia inédito, según el Gobierno, que el PSOE había exigido a cambio de bajar la presión. Sin embargo, después de dos horas de comparecencia, ni los vídeos ni los audios aclararon nada de la parte más polémica: quién, cuándo y cómo dio la orden de disparar pelotas de goma. Quién y por qué dio la orden de dejar de disparar. Y sobre todo cómo se ahogaron los 15 inmigrantes que perdieron la vida, y por qué está tan seguro el Gobierno de que las pelotas de goma no contribuyeron al pánico, si no se emitieron imágenes de ese momento. No se oyen disparos. Solo en una de ellas se escucha a un guardia pedir que vengan “esos tubos” [las escopetas lanzapelotas] porque los inmigrantes “van a tomar el agua” y pide tener cuidado para no dar a “los mehani” (la policía marroquí), lo que hace pensar que hubo disparos contra la zona controlada por ellos.

La mayoría de los menores desaparecidos se fugaron o los echaron de casa

       El 50,2% de los 229 casos de menores registrados por el teléfono de atención Anar 116000 en 2013 en España fueron fugas; el 19,6%, secuestros parentales, y el 18,8% correspondieron a situaciones en las que los echaron de casa. El resto fueron casos en los que los menores se perdieron, fueron víctimas de un secuestro criminal o se trataban de inmigrantes separados de sus padres y sin tutela de adultos legalmente responsables.

Son las cifras que recoge el informe anual de la Fundación Anar, que gestiona este teléfono de ayuda armonizado con la Unión Europea, que se presenta hoy en Madrid. “Nos preocupa que sigue aumentando el número de casos de fugas de menores de edad y también llama la atención el incremento de los casos de menores adolescentes echados de sus casas”, señala Leticia Mata, directora del servicio, que ofrece ayuda en las denuncias y conexión inmediata con las fuerzas y cuerpos de seguridad, conexión en red con todos los de Europa, asesoramiento jurídico y social y apoyo emocional a las familias durante las 24 horas. En total, en 2013 se atendieron 1.871 llamadas.

El principal grupo de edad del que se habla en las llamadas es el de menores adolescentes de 16 y 17 años, lo que supone el 35,8% de las llamadas. En segundo lugar, en el 27,9% se hace referencia a adolescentes de entre 14 y 15 años. En estos dos grupos se detectó una mayoría de situaciones de fugas y de menores echados de casa. En los de edades inferiores a siete años, protagonistas de un 16,6% de las llamadas, la mayoría fueron secuestros parentales.

La Fundación Anar llama la atención sobre el hecho de que la mayoría de los menores implicados fueron niñas (el 69,4%). También advierte de la circunstancia de que solo en el 31,4% de los casos el menor desaparecido vive con sus dos padres y el 13,9% con ninguno de ellos, sino con otros familiares, en centros acogida, con amigos o con su pareja.

Sin dinero para los dependientes

   

¿Se imagina que, pese a tener todo el derecho del mundo, no le dieran la tarjeta sanitaria hasta que la comunidad autónoma en la que reside tuviera dinero para garantizar su asistencia? Pues algo parecido sucede con el sistema de dependencia. Andalucía, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia admiten que no cumplen con los plazos en el reconocimiento de las ayudas no tanto porque la tramitación de la norma sea un embrollo burocrático (que lo es, en unos sitios más que en otros) sino por falta de liquidez.

Así lo plantea un informe que el Tribunal de Cuentas ha elaborado para fiscalizar la gestión de la Ley de Dependencia. El texto, provisional a falta de alegaciones, detalla cómo Andalucía, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias o Murcia reconocen “de forma explícita” que “la carencia de recursos económicos suficientes” y la “imposibilidad legal de abonar las prestaciones económicas de forma inmediata (...) por las limitaciones presupuestarias” explican el “importante retraso” en despachar los expedientes. Algo parecido pasa en Castilla-La Mancha, donde el reconocimiento de las prestaciones económicas —los ingresos en metálico a los cuidadores familiares, por ejemplo— “se dejan de facto en suspenso hasta que en el ejercicio siguiente se habilitan los créditos necesarios”.

Becerril denuncia “demoras inaceptables” en el pago de la dependencia

El retroceso en el que se encuentra el sistema de dependencia no es un juicio aislado de los especialistas en trabajo social. Esta conclusión también se extiende entre los usuarios de las ayudas, que sufren retrasos en el pago, en las valoraciones, e incluso en los recursos de alzada que plantean ante las administraciones autonómicas para reclamar la solución de estos problemas. Así lo pone de manifiesto la memoria correspondiente al año 2013 del Defensor del Pueblo a raíz de las protestas remitidas sobre esta cuestión: “El análisis conjunto de las numerosas quejas recibidas en este ámbito pone de manifiesto que los ciudadanos perciben un deterioro del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia”.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, destaca en su informe distintos aspectos relacionados con las dificultades por las que atraviesa la aplicación de la ley como el retraso en el pago de prestaciones por parte de unas comunidades autónomas asfixiadas financieramente y un sistema de dependencia sometido a severos recortes desde el año 2012. “La carencia de presupuesto y la voluntad de asegurar la excepcionalidad de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar puede conllevar una demora inaceptable en el pago de las prestaciones reconocidas”, recoge el documento.

Ante el “incremento de quejas referidas” sobre esta cuestión, la institución inició a finales del año pasado actuaciones complementarias –más allá de los recordatorios del deber de resolver las solicitudes de forma expresa y en plazo- con las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. La intención del organismo de defensa de los ciudadanos es, “analizar el funcionamiento global de la gestión del sistema de dependencia [en estas regiones] que parece tener paralizada la tramitación de un alto número de quejas”.

El documento advierte también las protestas que ha desatado la progresiva aplicación de los nuevos copagos y, sobre todo, las notables diferencias que hay en el dinero que deben abonar los beneficiarios de las ayudas en función de su lugar de residencia. “La participación de los usuarios en la financiación de las prestaciones que reciben se realiza conforme a la regulación autonómica correspondiente, dando lugar a notables diferencias en función de la residencia del beneficiario”, advierte el documento.

La institución alude a otras críticas recibidas que se refieren a la reducción de la cuantía de las prestaciones, el endurecimiento de las valoraciones, las consecuencias del nuevo régimen de incompatibilidades entre prestaciones y las "significativas diferencias" entre comunidades en cuanto al nivel de protección.

La dependencia perdió 200 millones del Estado en 2013

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Nueva reforma del Código Penal de Gallardón

Pagar con cárcel y por la cárcel

       

Desde un punto de vista tradicional, la cárcel es el local donde se encierra a los presos. Vista como un servicio público, también es un lugar que genera grandes gastos a la sociedad por culpa de los delitos de unos pocos. Según esta segunda acepción, la privación de libertad, la mayor pérdida imaginable en vida, solo es la consecuencia directa de haber quebrantado la ley. La indirecta consiste en exigir al recluso que contribuya a pagar la prisión. Y eso último es lo que se ha propuesto en Holanda, un proyecto que aún debe pasar por el Congreso y el Senado; en el Senado el Gobierno no tiene mayoría, pero todo apunta a que habrá un acuerdo en este asunto. Así que los presos allí tendrán que pagar con cárcel y por la cárcel.

En Holanda ya está hecha la suma: 16 euros diarios, durante un total de dos años —aunque la pena total de reclusión sea mayor— equivalen a 11.680 euros por interno. El mantenimiento de una celda en Holanda asciende hoy a 240 euros al día, y la nueva suma así obtenida, junto con el abono de costas judiciales y una reparación para las víctimas, supondrá un ahorro de 65 millones de euros anuales al erario público.

Los pagos incluyen a instituciones psiquiátricas y padres de menores

El Ministerio de Justicia ha incluido entre los pagadores a los encerrados en instituciones psiquiátricas dependientes del departamento de prisiones. También a los padres de menores y jóvenes, entre 12 y 23 años, internados en centros de reinserción. El correspondiente proyecto de ley ha sido remitido a la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Magistratura para su análisis, y ha creado dos bandos opuestos. A un lado, aparecen los partidarios de tratar al reo como un ciudadano más a efectos contables. Debe abonar, por tanto, una cuota similar a la exigida por el Estado para cualquier transacción. Del otro, se amontonan las críticas contra una medida que puede entorpecer la reinserción al imponer una abultada deuda.

Con 16,7 millones de habitantes, Holanda dispone de casi 13.000 celdas. En 2012 la población carcelaria ascendía a 38.000 personas (la cifra oficial más reciente), pero no todos están dentro a la vez. “Como el promedio de estancia es de cuatro meses, en un día cualquiera puede haber 10.000 condenados entre rejas”, señala Jochgmen van Opstal, encargado por Justicia de explicar el nuevo régimen. El recorte presupuestario que fuerza el pago de las celdas repercutirá a su vez en las prisiones, y en 2017 solo quedará una veintena de las 46 actuales. “La cárcel es un tipo de castigo que no puede variarse, pero tiene que ser humana. Sin lujos, y con servicios, ya sea televisión, biblioteca, comidas, deporte o trabajo. Sin embargo, cuando alguien acaba ahí, el resto asume los gastos. Lo lógico es que el delincuente abone una pequeña parte de la estancia, y 16 euros es bien poco”, sigue Van Opstal.

La deuda no se condona, puede devolverse a plazos y empieza a contar cuando el exrecluso dispone de un sueldo. “Recuerde que el proyecto de ley se deriva del pacto de Gobierno entre la actual coalición de liberales y socialdemócratas. Por eso esperamos que sea una realidad en 2015”, añade.

El Gobierno niega la tarjeta sanitaria a extranjeros con residencia legal

              

        Margarita Restrepo es colombiana, lleva 11 años viviendo en España y, desde el mes de junio de 2012, tiene tarjeta de residencia válida hasta 2017. Pese a estar en situación legal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social considera que no tiene derecho a la asistencia sanitaria, por lo que la mujer, de 81 años y con múltiples problemas de salud, se encuentra sin tarjeta sanitaria. Su hija, Margarita Polo, nacionalizada española desde 2009, lleva año y medio peleando para conseguir la asistencia sanitaria pública que necesita su madre. “En el centro de salud la han estado viendo, pero siempre he tenido el miedo de que me fueran a cobrar, y con mi trabajo de media jornada no lo puedo pagar”, explica al teléfono desde Burgos, donde viven ambas.

El Real Decreto-Ley del 24 de abril de 2012, conocido como decretazo,excluyó a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria normalizada —solo la contempla para urgencias, niños y mujeres embarazadas—. Esa fue la principal consecuencia, la que llegó a conocimiento de la ciudadanía, pero no la única. La norma modificó, en disposiciones finales, otros reales decretos, y más adelante se aprobaron órdenes que a su vez dictaban cómo aplicar los artículos modificados. Sin hacer ruido, ha resultado que el decretazo también ha dejado fuera a otro colectivo, el de los familiares de extranjeros que pidieron la residencia por reagrupación familiar y la obtuvieron después de la aprobación deldecretazo. Los afectados son, en general, personas mayores, los padres de trabajadores extranjeros que emigraron a España para trabajar, regularizaron su situación y después trajeron a sus familias.