Margarita Restrepo es colombiana, lleva 11 años viviendo en España y, desde el mes de junio de 2012, tiene tarjeta de residencia válida hasta 2017. Pese a estar en situación legal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social considera que no tiene derecho a la asistencia sanitaria, por lo que la mujer, de 81 años y con múltiples problemas de salud, se encuentra sin tarjeta sanitaria. Su hija, Margarita Polo, nacionalizada española desde 2009, lleva año y medio peleando para conseguir la asistencia sanitaria pública que necesita su madre. “En el centro de salud la han estado viendo, pero siempre he tenido el miedo de que me fueran a cobrar, y con mi trabajo de media jornada no lo puedo pagar”, explica al teléfono desde Burgos, donde viven ambas.
El Real Decreto-Ley del 24 de abril de 2012, conocido como decretazo,excluyó a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria normalizada —solo la contempla para urgencias, niños y mujeres embarazadas—. Esa fue la principal consecuencia, la que llegó a conocimiento de la ciudadanía, pero no la única. La norma modificó, en disposiciones finales, otros reales decretos, y más adelante se aprobaron órdenes que a su vez dictaban cómo aplicar los artículos modificados. Sin hacer ruido, ha resultado que el decretazo también ha dejado fuera a otro colectivo, el de los familiares de extranjeros que pidieron la residencia por reagrupación familiar y la obtuvieron después de la aprobación deldecretazo. Los afectados son, en general, personas mayores, los padres de trabajadores extranjeros que emigraron a España para trabajar, regularizaron su situación y después trajeron a sus familias.
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