Desde un punto de vista tradicional, la cárcel es el local donde se encierra a los presos. Vista como un servicio público, también es un lugar que genera grandes gastos a la sociedad por culpa de los delitos de unos pocos. Según esta segunda acepción, la privación de libertad, la mayor pérdida imaginable en vida, solo es la consecuencia directa de haber quebrantado la ley. La indirecta consiste en exigir al recluso que contribuya a pagar la prisión. Y eso último es lo que se ha propuesto en Holanda, un proyecto que aún debe pasar por el Congreso y el Senado; en el Senado el Gobierno no tiene mayoría, pero todo apunta a que habrá un acuerdo en este asunto. Así que los presos allí tendrán que pagar con cárcel y por la cárcel.
En Holanda ya está hecha la suma: 16 euros diarios, durante un total de dos años —aunque la pena total de reclusión sea mayor— equivalen a 11.680 euros por interno. El mantenimiento de una celda en Holanda asciende hoy a 240 euros al día, y la nueva suma así obtenida, junto con el abono de costas judiciales y una reparación para las víctimas, supondrá un ahorro de 65 millones de euros anuales al erario público.
El Ministerio de Justicia ha incluido entre los pagadores a los encerrados en instituciones psiquiátricas dependientes del departamento de prisiones. También a los padres de menores y jóvenes, entre 12 y 23 años, internados en centros de reinserción. El correspondiente proyecto de ley ha sido remitido a la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Magistratura para su análisis, y ha creado dos bandos opuestos. A un lado, aparecen los partidarios de tratar al reo como un ciudadano más a efectos contables. Debe abonar, por tanto, una cuota similar a la exigida por el Estado para cualquier transacción. Del otro, se amontonan las críticas contra una medida que puede entorpecer la reinserción al imponer una abultada deuda.
Con 16,7 millones de habitantes, Holanda dispone de casi 13.000 celdas. En 2012 la población carcelaria ascendía a 38.000 personas (la cifra oficial más reciente), pero no todos están dentro a la vez. “Como el promedio de estancia es de cuatro meses, en un día cualquiera puede haber 10.000 condenados entre rejas”, señala Jochgmen van Opstal, encargado por Justicia de explicar el nuevo régimen. El recorte presupuestario que fuerza el pago de las celdas repercutirá a su vez en las prisiones, y en 2017 solo quedará una veintena de las 46 actuales. “La cárcel es un tipo de castigo que no puede variarse, pero tiene que ser humana. Sin lujos, y con servicios, ya sea televisión, biblioteca, comidas, deporte o trabajo. Sin embargo, cuando alguien acaba ahí, el resto asume los gastos. Lo lógico es que el delincuente abone una pequeña parte de la estancia, y 16 euros es bien poco”, sigue Van Opstal.
La deuda no se condona, puede devolverse a plazos y empieza a contar cuando el exrecluso dispone de un sueldo. “Recuerde que el proyecto de ley se deriva del pacto de Gobierno entre la actual coalición de liberales y socialdemócratas. Por eso esperamos que sea una realidad en 2015”, añade.
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