¿Se imagina que, pese a tener todo el derecho del mundo, no le dieran la tarjeta sanitaria hasta que la comunidad autónoma en la que reside tuviera dinero para garantizar su asistencia? Pues algo parecido sucede con el sistema de dependencia. Andalucía, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia admiten que no cumplen con los plazos en el reconocimiento de las ayudas no tanto porque la tramitación de la norma sea un embrollo burocrático (que lo es, en unos sitios más que en otros) sino por falta de liquidez.
Así lo plantea un informe que el Tribunal de Cuentas ha elaborado para fiscalizar la gestión de la Ley de Dependencia. El texto, provisional a falta de alegaciones, detalla cómo Andalucía, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias o Murcia reconocen “de forma explícita” que “la carencia de recursos económicos suficientes” y la “imposibilidad legal de abonar las prestaciones económicas de forma inmediata (...) por las limitaciones presupuestarias” explican el “importante retraso” en despachar los expedientes. Algo parecido pasa en Castilla-La Mancha, donde el reconocimiento de las prestaciones económicas —los ingresos en metálico a los cuidadores familiares, por ejemplo— “se dejan de facto en suspenso hasta que en el ejercicio siguiente se habilitan los créditos necesarios”.
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